¿Al asalto del cielo?
El hecho de que a estas alturas del siglo veintiuno todos los pueblos civilizados hayamos hecho renuncia expresa a la guerra como medio para resolver nuestras diferencias no obsta para que el lenguaje bélico siga impregnando muchas esferas de nuestra vida cotidiana. Quizás por carecer de mejores habilidades literarias, o tal vez por un comprensible deseo de echarle una pizca de épica a nuestro día a día, no es infrecuente que nuestros medios se refieran a esa enferma que toma resignadamente sus medicamentos diciendo que se halla “peleando” por su vida; a aquel otro que no se resigna a ver vulnerados sus derechos, que ha emprendido una “batalla” ante los tribunales; o a ese que se afana por anunciar sus productos, que está lanzando una “ofensiva” publicitaria.
Pero si ha habido un ámbito en en el que este lenguaje belicista se ha resistido a entrar, ese ha sido el de la política. Quizás porque en este país no están del todo olvidados los tiempos en los que las diferencias ideológicas se dirimían a tiros en las calles –o, ya metidos en harina, a cañonazos desde las trincheras–, o tal vez porque con la barriga llena de langostinos lo de reivindicar la “lucha” obrera suena a auténtica broma, lo cierto es que en la política española casi siempre se ha reivindicado el diálogo y se ha practicado la negociación. Siquiera sea porque el lenguaje confrontacional, que tan buenos resultados puede dar en una campaña electoral, sirve de bien poco una vez iniciada la legislatura en el hemiciclo parlamentario.
Pero hete aquí que la irrupción de Podemos en el panorama político español parece llamada a cambiar también eso. De modo que mientras alguno de sus líderes asegura con satisfacción que determinados sectores sociales deberían tenerles miedo, otro parafrasea a Marx al sostener que el cielo –llamativa hipérbole, cuando de lo que se está hablando es de algo tan mundano como el poder– debe tomarse al asalto, y no por consenso.
Malo. Muy malo. Para todos los que crean en la convivencia; pero también para los propios dirigentes de Podemos. Porque si algo nos demuestra la experiencia es que los tipos más peligrosos no son siempre los más fanáticos. Son a menudo los más asustados.
La disyuntiva monarquía-república: un debate viciado
El debate monarquía-república, apresuradamente extraído del baúl de los recuerdos por la inesperada abdicación de Don Juan Carlos, convertido en tema de la máxima trascendencia mediática durante los escasos diecisiete días que transcurrieron hasta la jura de su sucesor, y devuelto al sueño de los justos antes incluso de que los asistentes al ágape del Palacio de Oriente hubiesen hecho la digestión de su último canapé, es sin duda alguna un debate legítimo. Innecesario, toda vez que la Corona no se encuentra ni de lejos entre los problemas que quitan el sueño a los españoles; inoportuno, ya que muy probablemente contribuirá a desviar la atención de esos mismos problemas; peligroso, desde el momento en que está más que acreditada su capacidad para radicalizar aun más nuestro ya polarizado sistema de partidos; y estéril, toda vez que, sea cual sea su desenlace, de él no se derivará ni la más mínima mejora en nuestras condiciones de vida, pero –reitero– perfectamente legítimo. Aunque solo sea porque nuestra Constitución –a diferencia de las de dos repúblicas de tan incuestionable pedigrí democrático como Francia o Italia, cuyo articulado prohíbe taxativamente alterar la forma republicana de Estado–, no impide el cuestionamiento de la Monarquía, ni brinda a ésta más protección que la que proporciona a partidos políticos, sindicatos, o comunidades autónomas.
Pero para que ese debate pueda llevarnos a alguna parte –y quiero suponer que esa es la intención de quienes se han empeñado en promoverlo– sería menester que fuera planteado con una nitidez y una honestidad que, de momento, he echado a faltar en la mayor parte de los debates de que he sido testigo.
De entrada, sería de agradecer que, ya que la Constitución lo permite, quienes estén disconformes con que España siga siendo una monarquía parlamentaria propusieran la reforma de las cláusulas constitucionales pertinentes –básicamente el art. 1.3, y el Titulo Segundo en su integridad– a través de los cauces constitucionalmente previstos para ello, que no son otros que los de la llamada “reforma agravada” descrita en los arts. 166 y 168. De este modo podríamos encarar este debate con la seriedad y la precisión que se merece, y desarrollarlo además allí donde debería tener lugar, que no es en los platós de televisión, sino en el hemiciclo parlamentario –primero–, y ante la ciudadanía toda, llamada a referéndum –después.
Cosa que, curiosamente, jamás se ha hecho. Quienes durante décadas se han entretenido agitando banderas tricolores cada catorce de abril, o criticando con sorna las cada vez mas frecuentes meteduras de pata de Don Juan Carlos, nunca hallaron en cambio el tiempo necesario –¿o fueron quizás las firmas precisas lo que no encontraron?– para instar una reforma constitucional comme il faut. Lo que obliga a cuestionar tanto la efectiva seriedad de la pulsión republicana de algunos partidos, como la aducida –pero nunca demostrada– existencia de una mayoría republicana en nuestra sociedad. Porque el hecho es que si alguien propusiera mañana mismo la proclamación de la República desde la tribuna del Congreso no concitaría más aplauso que el de la veintena escasa de diputados que el pasado once de junio levantaron su voz para oponerse a la abdicación del rey Don Juan Carlos. Probablemente se me contestará que si no hay firmas ni votos para plantear la alternativa republicana no es sino por la existencia de una perversa confabulación entre los dos grandes partidos del sistema para acallar este clamor, combinada con una suerte de omertá con la que silenciar las deficiencias de nuestra monarquía. Podría ser: pero tengo para mí que si en estos tiempos tan poco dados al numantinismo alguno de los dos grandes partidos tuviera el más mínimo indicio de que convertirse al republicanismo activo le iba a brindar réditos electorales, Don Felipe tendría menos tiempo incluso que su malhadado bisabuelo para poner pies en polvorosa.
En segundo lugar, sería conveniente que quienes propugnan la instauración de la república se molestaran en concretar ante el respetable de qué tipo de régimen político están exactamente hablando. Porque mientras que aquí y ahora –esto es: en la España del siglo XXI– la opción monárquica no es ni va a ser otra que la que llevamos experimentando desde hace casi cuatro décadas –la monarquía parlamentaria diseñada en la Constitución de 1978, y sustancialmente idéntica a la existente en otra media docena de democracias avanzadas de la Unión Europea–, bajo la atractiva etiqueta de la República podrían en cambio caber fórmulas muy diversas, varias de las cuales se me antojan francamente indeseables.
Para empezar, la instauración de la república ni siquiera garantizaría la elección popular del jefe del Estado –¿hay que recordar que ésta no se llevó a cabo ni en la Primera ni en la Segunda Repúblicas españolas?–, razón de ser última de todo este supuesto fervor republicano. Y es que en una república el Presidente podría ser elegido en votación popular –¿a una vuelta? ¿a dos?– pero también podría serlo en sede parlamentaria, o por un colegio electoral designado ad hoc. Además, la respuesta a este interrogante no sería sino la primera de un largo rosario de otras que a día de hoy nuestros republicanos se siguen resistiendo a abordar: ¿ese Presidente, tendría los mismos poderes –esto es: ninguno– que el actual monarca, o dispondría de mayor capacidad de maniobra? En ese caso ¿sería a costa de los poderes del Primer Ministro? ¿O de los del Parlamento? ¿Sería políticamente responsable, y en consecuencia susceptible de remoción, o disfrutaría de inamovilidad? ¿Cuál sería la duración de su mandato? ¿Sería reelegible? ¿De qué medios se le dotaría? Demasiadas preguntas sin respuesta como para no sospechar que quienes están jugando la baza de la república parecen sentirse más cómodos bajo el paraguas de la ambigüedad que poniendo sus ideas negro sobre blanco, y más confiados en el tirón del sentimentalismo, que en el sosegado análisis de los hechos.
Y ya que hablamos de hechos, convendría –en tercer lugar– que quienes se hallan agitando el banderín de enganche de la república tuvieran la honestidad de confesar que su instauración no resolvería ni uno solo de nuestros actuales problemas políticos, económicos ni sociales. No incrementaría nuestro PIB, ni ayudaría a pagar nuestra deuda; no reduciría el paro, ni incrementaría las inversiones; no haría que los catalanes se sintieran más a gusto en España, ni que los vascos dieran definitivamente la espalda a la violencia; no haría más funcional nuestro sistema autonómico, ni más participativa nuestra democracia. Y, a menos que Don Felipe tuviera la gentileza de llevarse consigo a Cartagena a los políticos corruptos, dejando en Madrid solo a los honestos, no acabaría con la desconfianza de los españoles respecto de su clase política y de sus instituciones.
Cosa que, pese a su obviedad, no ha dejado de ser sutilmente sugerida por ciertas fuerzas políticas, empeñadas en asociar la república con “más democracia” o incluso con democracia a secas, para explícita o implícitamente asociar a la monarquía –y, con ella, a quienes la trajeron y a quienes la defienden– con el más rancio conservadurismo, si no directamente con el franquismo (a pesar, por cierto, de que en España también la extrema derecha se declare republicana). La falacia de este argumento salta a la vista a nada que uno mire a su alrededor y repare en donde se hallan las monarquías parlamentarias de Europa y del resto del mundo en los índices más acreditados a la hora de medir la calidad de la democracia y la amplitud de los derechos como el Freedom in the Word o el Democracy Index. En este último, sin ir más lejos, siete de las diez primeras posiciones se hallan ocupadas por regímenes de monarquía parlamentaria –Noruega, Suecia, Dinamarca, Nueva Zelanda, Australia, Canadá y los Países Bajos–, con Japón, Bélgica y España cerrando la lista de las 25 “democracias plenas” que existen en el mundo, en tanto que los modelos políticos que ciertos iluminados querrían importar a nuestro país –los de Venezuela, Bolivia, o Ecuador– se situan a la par que los de Bangladesh, Malí o Uganda: a medio camino entre las democracias defectuosas y los regímenes indiscutiblemente autoritarios. Mala idea, pues, esta de ponernos a aprender de ellos.
Vuelvo al principio. Al régimen de la Constitución del 78 le sobran argumentos –y, sobre todo, logros– para encarar con plena confianza cualquier debate en torno a la conveniencia de prorrogar su vigencia o darle el finiquito. Pero para que ese debate se produzca, es menester que quienes lo planteen empiecen poniendo las cartas sobre la mesa a fin de que todos sepamos de qué va el juego. Porque confrontar de un lado realidades, y de otro meras especulaciones puede constituir una estrategia habilidosa, pero desde luego no es un planteamiento leal. Para empezar, con los propios ciudadanos, que serán a la postre los llamados a tomar partido.
The New European Commission
Although we are still in time for the European Parliament to flaunt the political muscle granted to him by the Treaty of Lisbon, rejecting any of the candidates proposed by Jean Claude Juncker, it is quite likely that the composition of the new European Commission for the 2014-2019 period will be no other other than that derived from the list of names, ranks and portfolios made public by its future President on 10 September.
And let us say it openly: these would be great news. Despite repeated questioning of his profile –too conventional–, his ideology –too federalist–, and his origins –yet another Luxembourgeois heading the Commission!–, it is fair to admit that Jean-Claude Juncker has endeavored to form a powerful team of Commissioners, which a priori seems much more capable to develop their job of effectively implementing EU policies than those headed by Portuguese Jose Manuel Durao Barroso during the last two terms.
To begin with, Juncker has solved the problem of the excessively large number of its members –a problem derived of the transitory clauses added to the Lisbon Treaty in order to convince the Irish of having it ratified– by introducing a new hierarchy among its 28 members. Thus, the seven vicepresidencies that will be created will no longer be simple honorary awards to senior commissioners, or to members from countries with greater political weight, but will bring with them the ability to coordinate large areas of management, setting guidelines for action to «sectoral» commissioners. What is both a way to better articulate the Commission and improve the coordination of its policies, and a straightforward manner to clarify the political weight of each of its members.
In addition, Juncker has also managed to dodge the objection that women will continue to be underrepresented in the Commission –of course, not because of his own likes or dislikes, but due to the unwillingness of some Member States to cooperate in the task of achieving some parity– conferring women various portfolios of key political significance. Hence, Bulgarian Kristalina Georgieva will remain in charge of humanitarian action, but now as one of the new executive vice-presidents, while the Swedish Cecilia Malmström, repeated in portfolio Interior; thus instituting a kind parity in influence, if not an strictly numerical one.
And if that were not enough, he has excluded from the core of the new EU executive commisioners proposed by almost every major member State, for sure in the belief that they have other fórums –the European Parliament, to begin with, and especially the Council– to assert their political weight in the defense of their specific interests. In doing so, Juncker has also endowed unprecedented power to Commissioners from the new Member States of Central and Eastern Europe, which will be summing no less than four of the seven vice-presidencies: those awarded to the aforementioned Kristalina Georgieva, to the Latvian Valdis Dombrovskis, to the Slovenian Alenka Bratušek and to the Estonian Andrus Ansip. With that, and with a Pole like Donald Tusk presiding over the Council, the European Union will have a much more «eastern» profile than ever before in its history.
However, the main novelty of the new European Commission must be sought not so much in the names, but in the resumès of the candidates for commissioner. These where once mostly amortized politicians, senior bureaucrats with good technical background but little political weight, or uncomfortable guys best kept far away from their capitals. On the contrary, Juncker has put on the table an impressive roster of politicians with long experience in government, among which no less than five former Prime Ministers can be counted –Juncker himself, but also the Finnish Jyrki Katainen, the Slovenian Alenka Bratušek, the Estonian Andrus Ansip and the Latvian Valdis Dombrovskis-, and an even more extensive list of former ministers, former secretaries of state, and former European commissioners.
Consequently, the bigger losers in this new division of powers seem to be Spain and Germany, represented by Miguel Arias Cañete (who will receive the modest portfolio of Energy), and Günther Oettinger (digital economy), both loosing the status of vice-presidents; since among the other «big» the United Kingdom has secured for the Eurosceptic Jonathan Hill the Financial Services portfolio, very much appreciated in the City, Italy has made good use of the political ability of Prime Minister Renzi to achieve the post of High Representative for Federica Mogherini, and even France has fared well with Pierre Moscovici.
In conclusion: the Lisbon Treaty confirmed and expanded the powers of the European Commission, but since then its prestige and political potential has been eroded by the poor performance of the teams lead by Durao Barroso. Only a Commission loaded with both management experience, political clout, and Independence of mind will be in the position to reverse such situation. The team put together by Jean Claude Juncker seems to have at least the adequate profile. Another thing will be, of course, to evaluate at the end of the legislature whether the expectations placed on it have been met or not.