¿A esto le llaman proceso constituyente?
Posted on octubre 28, 2015
Filed under Publicado en el diario Las Provincias
Meses y meses poniendo el solfa “el régimen del 78”, apuntando a su irreversible decrepitud y anunciando la apertura de un proceso constituyente llamado a brindar a los españoles un nuevo sistema político –más avanzado, más popular y más participativo– acabaron el pasado sábado de la manera más triste que cupiera imaginar. Y es que con la presentación por parte de Pablo Iglesias de las cinco –¡ni una más!– líneas de reforma constitucional que Podemos tiene la intención de abanderar en la próxima legislatura, el asalto a los cielos quedó oficialmente suspendido hasta nuevo aviso, trocándose la construcción de aquella especie de paraíso en la tierra por una suerte de cambio de aceite y limpieza del parabrisas a la Constitución de 1978. Una constitución que solo ayer estaba haciendo aguas por todas partes, y para la que hoy se proponen no llega a media docena de parches.
Parches que, por cierto, se dividen a partes iguales entre lo ambiguo, lo absurdo y lo inaceptable, y entre los que si algo llama la atención son sus graves silencios: silencio en torno al modelo territorial, silencio en torno a las deficiencias de nuestro sistema parlamentario, silencio en torno a la justicia constitucional, y silencio –incluso– ante la emblemática cuestión de la forma de Estado.
Ambiguo es sostener que España necesita un sistema electoral “más proporcional”, porque hay docenas de maneras de asegurarse este objetivo, y todas poseen unas implicaciones sobre las que cualquier propuesta de reforma seria debería pronunciarse sin sombra de dudas. Absurdo es proponer medidas contra los aforamientos –¿y por qué no suprimirlos, sencillamente?– cuando éstos nunca se han revelado como un impedimento para llevar ante la justicia a los políticos corruptos. E inaceptable es tanto el propuesto “blindaje” de los derechos sociales como la posible constitucionalización del “derecho a decidir”. Lo segundo porque equivale a invalidar de un plumazo –y con incalculables consecuencias– la más importante de las afirmaciones que realiza la Constitución en todo su articulado, que no es otra que la del artículo 1.2 proclamando que “la soberanía nacional reside en el pueblo español”. Y lo primero, porque dotar a derechos como el del trabajo, la vivienda o la salud de unas garantías idénticas a la que disfrutan libertades como la ideológica, la de expresión o la religiosa, implica ignorar que aquéllos tienen un coste astronómico, y que su reconceptualización conferiría a los tribunales la capacidad para tomar decisiones que por sus graves implicaciones financieras deberían ser de naturaleza estrictamente política.
Aunque, bien pensado ¿por qué sorprendernos? Si el PP ya ha dicho que no abordará la reforma de la Constitución, y cuando el PSOE lo hizo en la época Zapatero, se conformó con proponer apenas cuatro simplezas –¡que genial idea, escribir en la Constitución que formamos parte de la Unión Europea!–, solo faltaba Podemos para garantizarle otros cuarenta años de vida al “régimen del 78”. ¿O quizás hay alguien más con cosas que decir al respecto?
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