Mal perder

Posted onjulio 6, 2016 
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Por lo visto y leído en algunas redes sociales, el resultado arrojado por las urnas en la noche del 26 de junio ha resultado difícil de digerir para algunos de los que solo de boquilla creían en eso de que la única encuesta que de verdad importa es la que se revela el mismo día de las elecciones (en concreto, a partir de las diez de la noche). Desde los que se desahogaron deseando una suerte de hecatombe que acabara no solo con las elecciones sino incluso con el país mismo –“a ver si hay suerte y cae un puto asteroide en España y así desaparece este país de mierda”, escribió un energúmeno en twitter– hasta los que, en su inmensa misericordia se conformaron con eliminar tan solo a los verdaderos responsables de la nueva victoria popular –“eliminar las pensiones a ver si los viejos la van cascando y por fín el PP deja de robar” fue la aguda sugerencia de otro tuitero–, pasando por los que prefirieron instalarse en los siempre fértiles terrenos de la conspiranoia, para proclamarse víctimas de un pucherazo que ni ha sucedido ni podría suceder, lo cierto es que el 26J ha dejado un mal sabor de boca en unos cuantos electores. Y, en paralelo, ha revelado el preocupante mal perder de algunos de nuestros políticos.

Con toda sinceridad, pensé que nuestra Vicepresidenta Mónica Oltra no se encontraría entre estos últimos. Oltra es una demócrata de pura cepa, que además debería estar muy, pero que muy acostumbrada a perder elecciones –siquiera sea porque jamás ha ganado unas–. Una demócrata tan convencida de las virtudes del pluralismo, que apenas hace unos pocos días revelaba su íntima preferencia por formar parte de un gobierno plural antes que de uno integrado sólo por miembros de su partido –algo que, a mi al menos, me hizo respirar reconfortado, siquiera sea porque Iniciativa del Poble Valencià, apenas cuenta con cinco de los 99 escaños de nuestro legislativo autonómico.

Pero debió tratarse de un espejismo. Porque a la mañana siguiente, nuestra Vicepresidenta abogaba por establecer un “cordón sanitario” en torno la formación que lidera Mariano Rajoy, y daba por buena “cualquier posibilidad para que no gobierne el PP”. Por mi parte, quiero entender que “cualquier posibilidad” significa cualquiera que tenga cabida dentro de la legalidad vigente, pero aun así la idea de que Mónica Oltra prefiera ver a formaciones declaradamente secesionistas como Esquerra o a Convergencia antes que al PP en el gobierno de España me parece como poco surrealista; aunque si a ello añadiéramos que la principal razón para su oposición al Partido Popular es la de su connivencia con la corrupción, su simpatía por el partido del 3% me parecería si cabe más ininteligible. Aunque quizás mi discrepancia con Mónica Oltra radique en mi persuasión de que que no todo lo que es matemáticamente posible es políticamente plausible, y mucho menos políticamente deseable. O la de que en política, hay que saber perder para merecer ganar.

Algunas reflexiones …a la valenciana

Posted onjunio 28, 2016 
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La conformación del Consell que desde hace un año preside el socialista Ximo Puig se llevó a cabo en su día sobre la base de una indiscutible anomalía. Y que conste que no estoy utilizando esta palabra ni como sinónimo de ilegalidad, ni al objeto de insinuar una falta de legitimidad, sino ateniéndome de manera estricta a su primera acepción de “desviación o discrepancia de una regla o de un uso”. Me refiero al hecho de hallarse presidido no por el líder del partido mayoritario, sino por el del que había quedado en segundo lugar con apenas el 20% de los votos. Algo ciertamente posible en una democracia parlamentaria como la nuestra, pero no por ello menos extraño a nuestras costumbres.

Con la conformación de la coalición entre Compromís y Podemos de cara al 20D, a esa anomalía se le añadieron otras dos más. Una, la de que Compromís, socio minoritario del gobierno del PSPV, prefiriera ir a las elecciones de la mano de un partido distinto, que además no formaba parte del Consell. Y la otra, más grave, la de que el socio mayoritario de ese Consell quedara a 142.000 votos de distancia de su contraparte y sus nuevos aliados. El PSPV, que en mayo del año pasado no había logrado ser mayoritario entre la sociedad valenciana, quedaba ahora relegado a una posición en minoría incluso frente a sus propios socios de gobierno.

Pues bien: tras el 26J, toca añadir a esas tres una cuarta anomalía más, aun a riesgo de tener que mudarnos desde la primera acepción del término a la última: “malformación, alteración biológica, congénita o adquirida”. Me refiero esta vez al hecho de que la totalidad de los partidos que sustentan, por activa o por pasiva, el Consell que preside Ximo Puig hayan quedado en franca minoría frente a los que se ubican en la oposición, desde el momento en que la suma de PSPV, Compromís y Podemos (más Esquerra Unida) apenas alcanzó el pasado domingo el 46’1% de los sufragios, por el 50’3% que sumaron el PP y Ciudadanos. Puig, que lideraba un partido en minoría dentro de su propio gobierno, preside ahora un gobierno en minoría dentro de su propia sociedad.

Por descontado, se nos dirá que se trata de elecciones distintas y de resultados no extrapolables. Cierto. Pero no lo es menos que los valencianos que hablaron el pasado domingo son los mismos a los que gobierna el tripartito, y que éste haría muy bien en escuchar su descontento y tomar nota de sus demandas. Mirar hacia otro lado se le da muy bien al Partido Socialista –ahí está, sin ir más lejos, la desmedida euforia con la que Pedro Sánchez recibió hace apenas 48 horas el que resulta ser el peor resultado electoral de su historia reciente–. Quizás Ximo Puig, tan dado a discrepar de su Secretario General, hiciera bien en distanciarse también de esta estrategia ridículamente triunfalista y tomar buena nota de qué le está demandando la sociedad valenciana.

Un panorama inédito

Posted ondiciembre 9, 2015 
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Los datos son los que son: las del próximo 20 de diciembre serán las decimosegundas elecciones parlamentarias celebradas en España desde el inicio de la transición. De las once verificadas hasta la fecha, cinco –las de 1982, 1986, 1989, 2000, y 2011– brindaron al partido vencedor –el PSOE en las tres primeras ocasiones, y el PP en las dos últimas– una mayoría absoluta, si no en votos, si al menos en escaños, que redujo a un puro trámite la elección de un nuevo Presidente del Gobierno; y las otras seis proporcionaron al partido ganador mayorías tan cercanas a la absoluta –solo la primera victoria de Aznar se materializó con menos del 45% de los escaños– que convirtieron cualquier alianza en su contra en una quimera tan impracticable como indeseable. En consecuencia, todos nuestros gobiernos han dispuesto de un respaldo parlamentario lo suficientemente amplio y sólido como para no haberse visto nunca en riesgo de caer por causa de una moción de censura, ni han tenido que recurrir nunca una disolución anticipada de las cámaras ante la imposibilidad de aprobar sus proyectos de ley o sus presupuestos. Y adicionalmente, todos nuestros gobiernos han sido hasta ahora rigurosamente monocolores, y todos ellos –con la sola excepción del breve interregno de Calvo Sotelo, entre 1981 y 1982– han estado encabezados por el líder del partido más votado en las elecciones precedentes.

Pero las expectativas de futuro también son las que son, y las que todos los medios dan por más probables apuntan a que el 20-D va a saltar por los aires el primero de los elementos que han definido nuestra vida política desde el inicio de la democracia, y que es probable que con él se esfumen también varios –o incluso todos– los restantes. Si el 20-D ningún partido alcanza la mayoría absoluta, ni se queda medianamente cerca de la cifra mágica de los 176 escaños, es poco probable que volvamos a tener un gobierno monocolor; y si lo tenemos, es menos probable todavía que vaya a ser un gobierno estable, capaz de surcar con un mínimo de tranquilidad los cuatro años de legislatura que le esperan. De hecho, si hemos de atender a algunos rumores cada vez mas persistentes, incluso habría que considerar la posibilidad de que su presidente no fuera a ser el líder del partido ganador. Y, definitivamente, la plausibilidad de todas estas opciones se incrementaría exponencialmente si, como otros apuntan, el próximo ejecutivo no fuera a ser monocolor sino de coalición.

El problema radica en que 38 años de bipartidismo, de mayorías absolutas o cuasi-absolutas, de ejecutivos monocolores, y de liderazgos cuasi-presidencialistas nos han dejado escasamente preparados para entender las dinámicas de un gobierno de coalición; al tiempo que los muchos desatinos de los pocos gobiernos de este tipo que se han verificado a nivel autonómico nos han dejado incluso menos predispuestos todavía para saber apreciar sus virtudes. Y visto lo visto, mucho me temo que apenas nos quedan doce días para salvar esa importante carencia.

Sus Señorías no escriben a los Reyes Magos

Posted ondiciembre 2, 2015 
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Compromis 3

Diciembre es el mes de las ilusiones: para los más pequeños, porque son los días en los que ponen a puntos sus méritos y afinan su caligrafía mientras deciden que pedirán en su carta a los Reyes Magos; y para los más mayores, porque son las semanas de inquieta espera que preceden al sorteo de Navidad en el que cualquier hijo de vecino confía para dejar atrás sus estrecheces.

Diciembre es el mes de las ilusiones: para todos… menos para nuestros diputados, para los que los trescientos sesenta y cinco días del año son Navidad. Y es que para Sus Señorías no es menester esperar la llegada de Sus Majestades para formular un deseo. ¿Para qué esperar la llegada de unos ancianos a lomos de camello que solo nos visitan una vez al año, cuya mera existencia es discutida y discutible, y cuya capacidad para materializar nuestros deseos oscila al ritmo de la crisis y del IPC, cuando es infinitamente más fácil endosarle al Gobierno, al Consell o al mismísimo Espíritu Santo la tarea de hacer posibles nuestros deseos? ¿Para que comprar un décimo de lotería, cuando es más senciillo redactar una Proposición no de ley?

Se las regula en el Título IX del Reglamento de Les Corts Valencianes, pueden ser presentadas por cualquier grupo parlamentario, sirven para que la cámara se posicione sobre cualquier asunto que afecte de un modo más o menos remoto a los ciudadanos de la Comunidad Valenciana –incluso (o quizás especialmente) cuando no sea competencia de la Generalitat– y son usadas con tanta fruicción por Sus Señorías que solo en el pleno de la pasada semana se tramitaron cinco: sobre el Port Mediterrani, sobre la promoción del profesorado universitario; sobre el ajuste entre la capacidad económica de los contribuyentes y la presión fiscal; sobre respeto al sistema constitucional vigente, y sobre la financiación de las ayudas para el pago de la factura del consumo energético. Temas diversos a más no poder, pero unidos por un nexo común: que en todos los casos se trataba de instar a otras instituciones –al Consell, al Congreso, al Gobierno– a legislar, o a financiar, o a tomar medidas. Lo que en el lenguaje de la calle se llama pasar la patata caliente a otro.

Visto lo visto, diríase que nuestros diputados no deben tener mucha faena, toda vez que parecen disponer de tiempo de sobra para invertirlo instruyendo a otros –presumo que tan celosos como ellos de sus obligaciones– sobre qué deberían hacer. Y que tampoco parecen tener muy claro que es eso de la división de poderes, o el reparto de competencias. ¿O tal vez sea que es más fácil descargar sobre los hombros de otras instituciones las responsabilidades que uno podría estar asumiendo, con sus propios fondos y bajo su propia responsabilidad? ¿Y más rentable políticamente esperarse sentado a ver como otros lo intentan, para si el resultado es exitoso, apuntarse el mérito de la idea, y si no lo es, echarles en cara su deficiente implementación?

150 valencianos, 150 años

Posted onnoviembre 25, 2015 
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La huella

“La huella de 150 valencianos”, el magnífico libro con el que Las Provincias nos obsequió días atrás al hilo del 150 aniversario de su aparición, constituye a la vez un placer para los sentidos y un impagable documento histórico. Lo primero, por las geniales ilustraciones –uno casi se siente tentado de decir “instantáneas”– de Luis Lonjedo; y lo segundo, por la excelente tarea de selección de los homenajeados llevada a cabo por Pablo Salazar y las también acertadas –y a menudo brillantes– glosas de sus figuras llevadas a cabo por otros tantos valencianos, esta vez de nuestro tiempo. Pero, además, constituye una excelente materia prima para una siempre oportuna reflexión en torno a cómo somos y qué hemos sido los valencianos, y sobre qué hemos aportado de bueno a la historia de nuestro país –y, ya puestos, de la humanidad– a lo largo de este último siglo y medio. Y a este respecto, el balance resulta agridulce.

Cierto: valencianos como Concha Piquer, Nino Bravo o Camilo Sesto han venido poniendo durante décadas la banda sonora con la que España entera y buena parte de América se ha enamorado y se ha desmelenado; valencianos como Ricardo Tormo o Juan Carlos Ferrero levantaron a media España de sus asientos un domingo tras otro a golpe de raqueta o de acelerador; y valencianos como Manuel Sáez Merino, Silvestre Segarra, Juan Roig o Luis Suñer han venido vistiendo, calzando, alimentando y hasta refrescando a un país en el que la mitad de sus ciudadanos adultos cuentan en sus bibliotecas con “Viento del pueblo” y la otra mitad con la “La boda del señor cura”. Y paso por alto los tópicos de todos conocidos sobre la incontestable universalidad de Blasco Ibáñez, Joaquín Sorolla o Santiago Calatrava.

Pero llegado el momento de hablar de política –que es como decir de influencia, de liderazgo, y de poder– el panorama pinta muy diferente. No es que la Comunidad Valenciana no haya producido, y en cantidad, políticos de todo signo. Es que la mayor parte de ellos –Rincón de Arellano, Rita Barberá, González Lizondo…– no pudieron o no quisieron traspasar en su carrera las fronteras de la tierra que les vió nacer; o si lo hicieron –Lucia, Lerma, Zaplana…–, fue de manera tan breve que apenas llegaron a dejar un legado como políticos de talla nacional; o si lo pudieron dejar, éste acabó truncado por la incomprensión –Aparisi– o la tragedia –Broseta– demasiado temprano.

Así las cosas, me sorprendería que hubiera un solo español que no fuera catedrático de Historia que pudiera recordar la última vez que este país tuvo a un valenciano como Presidente del Gobierno. Aunque, bien mirado, tampoco haría mucha falta: torrevejense de nacimiento, a Joaquín Chapaprieta le dio tiempo de ser diputado por Murcia, Granada y La Coruña antes de serlo por su propia tierra, pero apenas presidió el Gobierno de la II República durante 81 convulsos días. Poco incluso para ser uno de los 150 valencianos más ilustres del último siglo y medio.

¿El dedazo? Bien, gracias

Posted onnoviembre 18, 2015 
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Dedazo

Si hay algo que se ha convertido en santo y seña de las nuevas formaciones políticas en estos últimos años –hasta el extremo de ser considerado por alguna de ellas como conditio sine qua non para entrar en posibles pactos postelectorales– ha sido la institucionalización de las primarias como método para la designación de candidatos. Frente al clásico “dedazo”, y a sus bien conocidas secuelas –intromisiones intempestivas de las direcciones nacionales de los partidos en la confección de las listas, altos cargos caídos en paracaídas, candidatos cuneros, y demás fauna– las nuevas formaciones políticas llamadas a renovar nuestra democracia se erigieron en firmes defensoras de la participación política de sus bases, y elevaron a las primarias a la condición de infalible test con el que calibrar la pureza democrática de propios y extraños.

Solo que llegado el momento de pasar del dicho al hecho, el panorama no puede ser más desalentador. Candidaturas “en plancha” por las que el militante queda obligado –o al menos, intimado– a avalar en su totalidad al equipo de confianza de su máximo dirigente, so pena de sumir al partido en una crisis de liderazgo; puestos expresamente reservados para los candidatos que señale la dirección nacional del partido; porcentajes de participación exiguos, que hacen dudar de la autentica representatividad de las opciones seleccionadas; triunfos “a la búlgara” que hacen dudar de la existencia de una competitividad real; “fichajes” de última hora que postergan a los preferidos por las bases en beneficio de supuestas “estrellas” de la política, que a menudo no aportan al partido sino unos minutos de atención mediática; misteriosos y a menudo indescifrables “factores de corrección” que postergan a unos y aúpan a otros en las listas; indagaciones curriculares de última hora que descabalgan a los candidatos de su puesto en las listas sin garantías de ningún tipo; pactos preelectorales negociados entre bastidores y rara vez refrendados por las bases, que desbaratan el orden de los candidatos salidos de las primarias y convierten el agua de borrajas las preferencias de sus militantes. Y como colofón –démosle tiempo al tiempo– candidatos que durarán como diputados apenas el tiempo justo para saltar a otros empleos de más relumbrón que calentar un escaño.

Así las cosas, uno casi preferiría que se volviera al viejo sistema del dedazo –“esta es mi gente, este es mi equipo, y lo quiero a mi lado en el Congreso”– que al menos tenía la virtud de la claridad y de la coherencia. Porque este sistema de primarias con freno y marcha atrás –que diría en genial Jardiel Poncela– no es ni carne ni pescado; resta consistencia a los equipos sin garantizar la representatividad a las candidaturas, generando en cambio malestar, confusión, y una insoportable sensación de engaño. Y es que en política nada hay mas rechazable que jugar con las cartas marcadas. Y a la hora de hacer las listas, nada hay mas cierto que aquello de que “el que parte y reparte, se queda con la mejor parte”.

El 155, a la vuelta de la esquina

Posted onnoviembre 11, 2015 
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Constitución

Probablemente no haya una prueba tan palpable de la acreditada indolencia con la que –declaraciones aparte– Mariano Rajoy ha venido afrontando el desafío del soberanismo catalán al Estado de Derecho, que el hecho de que a día de hoy el artículo 155 de la Constitución siga ayuno de todo desarrollo normativo. Una responsabilidad que, por descontado, comparten con el líder del Partido Popular los tres Secretarios Generales –Zapatero, Rubalcaba y Sánchez– que se han sucedido al frente del Partido Socialista a lo largo de la legislatura que acaba de concluir, y cuyo sepulcral silencio da cuenta no se si del escaso sentido de Estado del PSOE, de su incapacidad para decidir qué modelo territorial quiere para España, o de ambas cosas a la vez.

Se trata de una omisión infinitamente más peligrosa que la que se puso en evidencia cuando el pasado año D. Juan Carlos abdicó sin que estuviera desarrollado normativamente el artículo 57.5; que resulta de todo punto injustificable cuando llevamos ya una legislatura y media con el mantra del “derecho a decidir” sonando a todas las horas; y que además entra en abierta contradicción con el declarado compromiso del Gobierno con el Estado de Derecho, toda vez que su pasividad a la hora de regular normativamente el instrumento más contundente que la Constitución contempla para asegurarse la protección del interés general no ha hecho sino abonar la tesis –ampliamente extendida tanto entre los impulsores como entre los adversarios del Procés– de que España carece tanto de una estrategia de respuesta al soberanismo, como de la voluntad política necesaria para aplicarla, al tiempo que ha impedido a sus líderes calibrar con precisión las consecuencias que les acarrearán cada uno de sus movimientos.

Pero el hecho de que el 155 no cuente aun con un desarrollo normativo que enumere las causas de su aplicación, determine su alcance, y clarifique cómo debería procederse a su activación no quiere decir que ésta no pueda llevarse a cabo en el momento necesario. El 155 existe, forma parte de nuestro marco constitucional, y brinda al Estado una batería de acciones impecablemente democráticas que haría bien en tener muy a mano. Medidas que –deshagamos al menos dos de los mitos más extendidos, aun hoy, sobre el 155– no acarrean de forma necesaria la suspensión de la autonomía, sino sencillamente el establecimiento de medidas coactivas, tan puntuales como sea posible, para garantizar que las instituciones de Cataluña cumplan con las obligaciones que la Constitución y las leyes les imponen; y que tampoco precisan para su activación de una violación de la Constitución o de las leyes, ni menos aun de una sentencia del Tribunal Constitucional declarándolo, sino tan solo de un atentado grave contra el interés general de los españoles constatado por el Gobierno y ratificado por el Senado. Porque el 155 no sirve solo para defender la supremacía de la ley, sino también para garantizar los intereses generales de España.

¡Y aun habrá quien crea prematura su aplicación!

¿Quien quiere ahora acabar con todo?

Posted onnoviembre 4, 2015 
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Puig pleno

Yo no creo que los miembros del Consell piensen respecto del tenis lo que los responsables del Partido Comunista Chino dijeron hace unas semanas del golf: que era un deporte de ricos, cuya práctica resultaba tan incompatible con los deberes de un buen militante como la gula, el alcoholismo… o el adulterio. Me limito a pensar que cuando el actual Gobierno valenciano se topó con el compromiso, adquirido por sus predecesores, de financiar con largueza en Open de Tenis que hasta el pasado domingo se celebró en la ciudad de valencia, se tentó los bolsillos, vio lo mermados que estaban sus fondos, y optó por atender otras prioridades que para ellos resultaban más urgentes o más importantes. Del mismo modo, tampoco pienso que cuando el Ayuntamiento de Madrid anunció que dejaría de apoyar económicamente la Escuela de Tauromaquia, o cuando el de Cádiz advirtió que recortaría sus aportaciones a la Semana Santa, o cuando el de Valencia anunció que bajaría las ayudas para la iluminación de las calles en Fallas, lo hicieran por ser enemigos de la cultura o partidarios de la oscuridad. De nuevo, quiero creer que valoraron cuales eran las necesidades mas acuciantes de sus ciudadanos en un sentido distinto de cómo lo habían hecho sus predecesores, y obraron en consecuencia.

Porque gobernar consiste básicamente en eso: en administrar unos recursos siempre escasos, tratando de llegar a todo cuando es posible, pero priorizando unos gastos sobre otros cuando no lo es. Gobernar es valorar, elegir, jerarquizar; es arropar a unos… y abandonar a los otros a su suerte.

Sin embargo, esa condescendencia de la que ahora parecen disfrutar los gobiernos municipales y autonómicos de izquierda salidos de las elecciones del pasado mes de mayo no fue la que disfrutaron los gobiernos municipales, autonómicos y nacional mayoritariamente populares salidos del ciclo electoral de 2011. Haciendo oídos sordos a la gravedad de la situación económica heredada del zapaterismo, no hubo un solo recorte durante la legislatura que está a punto de terminar que no fuera recibido por la oposición al grito de “¡Quieren acabar con la cultura!”, o con la educación, o con la sanidad, o con las pensiones, o con la dependencia; hasta el punto de haberse llegado a acuñar ese supino absurdo del “¡Quieren acabar con todo!” que aun hoy –con la recuperación ya en curso– puede leerse en algunas de las paredes de nuestra ciudad.

Gobernar es valorar, elegir, jerarquizar. Ayer le tocó al cine, hoy le toca el tenis, y mañana quién sabe. Quizás el problema radique en fiarlo todo a la intervención salvífica del Estado, en lugar de asumir que más allá de garantizar nuestra seguridad, mantener el orden, administrar lo que es común y procurar la justicia, todo lo demás son tareas que hemos echado –a veces irreflexivamente– sobre sus hombros unos ciudadanos a los que de natural no nos gusta tener que elegir. Lo queremos todo, ahora, y gratis.

¿A esto le llaman proceso constituyente?

Posted onoctubre 28, 2015 
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DirigentesPodemos

Meses y meses poniendo el solfa “el régimen del 78”, apuntando a su irreversible decrepitud y anunciando la apertura de un proceso constituyente llamado a brindar a los españoles un nuevo sistema político –más avanzado, más popular y más participativo– acabaron el pasado sábado de la manera más triste que cupiera imaginar. Y es que con la presentación por parte de Pablo Iglesias de las cinco –¡ni una más!– líneas de reforma constitucional que Podemos tiene la intención de abanderar en la próxima legislatura, el asalto a los cielos quedó oficialmente suspendido hasta nuevo aviso, trocándose la construcción de aquella especie de paraíso en la tierra por una suerte de cambio de aceite y limpieza del parabrisas a la Constitución de 1978. Una constitución que solo ayer estaba haciendo aguas por todas partes, y para la que hoy se proponen no llega a media docena de parches.

Parches que, por cierto, se dividen a partes iguales entre lo ambiguo, lo absurdo y lo inaceptable, y entre los que si algo llama la atención son sus graves silencios: silencio en torno al modelo territorial, silencio en torno a las deficiencias de nuestro sistema parlamentario, silencio en torno a la justicia constitucional, y silencio –incluso– ante la emblemática cuestión de la forma de Estado.

Ambiguo es sostener que España necesita un sistema electoral “más proporcional”, porque hay docenas de maneras de asegurarse este objetivo, y todas poseen unas implicaciones sobre las que cualquier propuesta de reforma seria debería pronunciarse sin sombra de dudas. Absurdo es proponer medidas contra los aforamientos –¿y por qué no suprimirlos, sencillamente?– cuando éstos nunca se han revelado como un impedimento para llevar ante la justicia a los políticos corruptos. E inaceptable es tanto el propuesto “blindaje” de los derechos sociales como la posible constitucionalización del “derecho a decidir”. Lo segundo porque equivale a invalidar de un plumazo –y con incalculables consecuencias– la más importante de las afirmaciones que realiza la Constitución en todo su articulado, que no es otra que la del artículo 1.2 proclamando que “la soberanía nacional reside en el pueblo español”. Y lo primero, porque dotar a derechos como el del trabajo, la vivienda o la salud de unas garantías idénticas a la que disfrutan libertades como la ideológica, la de expresión o la religiosa, implica ignorar que aquéllos tienen un coste astronómico, y que su reconceptualización conferiría a los tribunales la capacidad para tomar decisiones que por sus graves implicaciones financieras deberían ser de naturaleza estrictamente política.

Aunque, bien pensado ¿por qué sorprendernos? Si el PP ya ha dicho que no abordará la reforma de la Constitución, y cuando el PSOE lo hizo en la época Zapatero, se conformó con proponer apenas cuatro simplezas –¡que genial idea, escribir en la Constitución que formamos parte de la Unión Europea!–, solo faltaba Podemos para garantizarle otros cuarenta años de vida al “régimen del 78”. ¿O quizás hay alguien más con cosas que decir al respecto?

Puig, Rajoy y el dinero de los valencianos

Posted onoctubre 21, 2015 
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Puig

Vale. Ximo Puig –y con él, todos los grupos que le arroparon en las Cortes Valencianas el pasado 7 de octubre– lleva razón cuando clama que la Comunidad Valenciana se halla escandalosamente infrafinanciada, y que esta situación debería corregirse cuanto antes. Y, por añadidura, lleva también razón cuando señala que constituye una afrenta a todos los valencianos que en los tres meses y pico transcurridos desde su toma de posesión como President de la Generalitat el Presidente del Gobierno aun no haya tenido un minuto para recibirle y dialogar con él sobre éstas y otras cuestiones que preocupan a los valencianos.

Pero dicho esto, el asunto tiene otras facetas sobre las que el President haría bien en sincerarse, so pena de que algunos desconfiados pensemos en que más que los dineros de los valencianos, es la popularidad de su gobierno la que le preocupa.

Primero: ¿por qué empeñarse en dialogar con Rajoy precisamente ahora, cuando la legislatura está prácticamente acabada, y las manos del gobierno atadas? Y, sobre todo, ¿por qué empeñarse en negociar el asunto con un gobierno, el popular, que tan poca predisposición ha demostrado para hacerlo, cuando es posible que de aquí a nada tenga en la Moncloa a un buen amigo como Pedro Sánchez –con quien además de discutir de dineros, podría hacerlo de liderazgos y de lealtades?

Segundo: ¿por qué empeñarse en la vía esteril del diálogo? En política, las palabras se las lleva el viento, y lo único susceptible de transformarse en escuelas, carreteras y hospitales son las partidas recogidas en los Presupuestos Generales del Estado… que precisamente estaban siendo debatidas estas semanas. De modo que ¿no habría sido mejor que en lugar de escribirle cartas al Presidente del Gobierno, lo hubiera hecho al portavoz socialista en el Congreso?

Y tercera: conocidos como son los pingües réditos electorales que al PPCV le reportó su estrategia de victimismo frente al gobierno Zapatero, la pregunta del millón no es otra que la de si va el ejecutivo de Puig a reeditar esa fórmula –naturalmente con los papeles cambiados–, a modo de estrategia coartada multiusos. Porque en tal caso, debería caer en la cuenta de que la misma tiene una fecha de caducidad muy cercana: si el 20D vence el Partido Popular, querrá decir que las medidas de austeridad del Gobierno ha recabado el apoyo de los ciudadanos, y tocará cambiar de disco; pero si se salda con una derrota de los populares, Puig se quedará sin chivo expiatorio al que responsabilizar de todos nuestros males.

Y dicho lo cual, y ya que estamos hablando de diálogo y respeto interinstitucional, tampoco estaría de mas que Puig nos explicase por qué en ese mismo lapso de tiempo –110 días– en el que Rajoy no ha tenido a bien recibirle, tampoco él ha tenido a bien comparecer ante las Cortes para dar cuenta de su gestión. ¡Y eso que el Palau está mucho mas cerca de Les Corts que la Moncloa del Palau!

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