El 155, a la vuelta de la esquina

Posted on noviembre 11, 2015 
Filed under Publicado en el diario Las Provincias

Constitución

Probablemente no haya una prueba tan palpable de la acreditada indolencia con la que –declaraciones aparte– Mariano Rajoy ha venido afrontando el desafío del soberanismo catalán al Estado de Derecho, que el hecho de que a día de hoy el artículo 155 de la Constitución siga ayuno de todo desarrollo normativo. Una responsabilidad que, por descontado, comparten con el líder del Partido Popular los tres Secretarios Generales –Zapatero, Rubalcaba y Sánchez– que se han sucedido al frente del Partido Socialista a lo largo de la legislatura que acaba de concluir, y cuyo sepulcral silencio da cuenta no se si del escaso sentido de Estado del PSOE, de su incapacidad para decidir qué modelo territorial quiere para España, o de ambas cosas a la vez.

Se trata de una omisión infinitamente más peligrosa que la que se puso en evidencia cuando el pasado año D. Juan Carlos abdicó sin que estuviera desarrollado normativamente el artículo 57.5; que resulta de todo punto injustificable cuando llevamos ya una legislatura y media con el mantra del “derecho a decidir” sonando a todas las horas; y que además entra en abierta contradicción con el declarado compromiso del Gobierno con el Estado de Derecho, toda vez que su pasividad a la hora de regular normativamente el instrumento más contundente que la Constitución contempla para asegurarse la protección del interés general no ha hecho sino abonar la tesis –ampliamente extendida tanto entre los impulsores como entre los adversarios del Procés– de que España carece tanto de una estrategia de respuesta al soberanismo, como de la voluntad política necesaria para aplicarla, al tiempo que ha impedido a sus líderes calibrar con precisión las consecuencias que les acarrearán cada uno de sus movimientos.

Pero el hecho de que el 155 no cuente aun con un desarrollo normativo que enumere las causas de su aplicación, determine su alcance, y clarifique cómo debería procederse a su activación no quiere decir que ésta no pueda llevarse a cabo en el momento necesario. El 155 existe, forma parte de nuestro marco constitucional, y brinda al Estado una batería de acciones impecablemente democráticas que haría bien en tener muy a mano. Medidas que –deshagamos al menos dos de los mitos más extendidos, aun hoy, sobre el 155– no acarrean de forma necesaria la suspensión de la autonomía, sino sencillamente el establecimiento de medidas coactivas, tan puntuales como sea posible, para garantizar que las instituciones de Cataluña cumplan con las obligaciones que la Constitución y las leyes les imponen; y que tampoco precisan para su activación de una violación de la Constitución o de las leyes, ni menos aun de una sentencia del Tribunal Constitucional declarándolo, sino tan solo de un atentado grave contra el interés general de los españoles constatado por el Gobierno y ratificado por el Senado. Porque el 155 no sirve solo para defender la supremacía de la ley, sino también para garantizar los intereses generales de España.

¡Y aun habrá quien crea prematura su aplicación!

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