Villar Palasí
Posted onmayo 12, 2012
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En cualquier país normal, preparado para asumir sin complejos su propia historia, la muerte el pasado lunes de José Luis Villar Palasí (Valencia, 1922-Madrid, 2012) hubiera desencadenado ya un sinnúmero de glosas respecto de su decisiva contribución al progreso de la educación en España. En cualquier ciudad normal, el pleno del Ayuntamiento tendría ya en su orden del día la dedicación de una calle con su nombre, sin que hubiera más duda al respecto que la de si hacerlo en su condición de ministro, de catedrático, de letrado, o de académico. Y en cualquier Universidad normal, dispuesta a honrar a sus más ilustres egresados por lo que de bueno hubieran aportado a la sociedad que les vió nacer, el nombre de Villar Palasí estaría desde hace años presidiendo aulas o bautizando cátedras.
Pero José Luis Villar Palasí nació en este país y no en otro, y además cometió a lo largo de su vida dos imperdonables errores: uno, el de servir con lealtad y eficacia al régimen político imperante en él durante la mayor parte de su existencia adulta; y el otro, el de morirse en un momento en el que la simple referencia a ese régimen en una frase en la que se incluyan también las palabras “modernización”, “educación” y “progreso” coloca a su autor con un pie y medio fuera de la ley, y con el cartel de “apologeta del fascismo” colgando del cuello.
Lástima. Porque si media España es capaz todavía hoy de recitar de memoria la lista de los Reyes de la casa de Austria, de los ríos que dan al Cantábrico, o de los principales dramas de Calderón –la otra mitad no conoce a otro Calderón que el del Atleti, cree que el Cantábrico precedió al Jurásico, y está convencida de que lo que mas abunda en Austria son los canguros– es precisamente gracias a Villar Palasí y a la trascendental Ley General de Educación que éste impulsó como ministro en 1970, y que modeló nuestro sistema educativo durante las dos décadas que transcurrieron hasta su derogación por la infausta LOGSE socialista.
Y lástima, además, porque una reflexión sosegada acerca de aquella ley probablemente no fuera del todo ociosa en un momento en el que el debate en torno a los objetivos y la fisonomía de nuestro sistema educativo se ha vuelto a poner sobre la mesa. Claro, que no dejaría de ser divertido que la izquierda española se enfrentara a los planes presuntamente privatizadores, centralistas y elitistas de Ministro Wert presentando como argumento de autoridad los de un Ministro de Franco cercano al Opus Dei que cuarenta años atrás abogó por una enseñanza encaminada a la vez al “desarrollo armónico de la personalidad y la preparación para el ejercicio responsable de la libertad” y a “la capacitación para el ejercicio de actividades profesionales que permitan impulsar y acrecentar el desarrollo social, cultural, científico y económico del país”. Casi nada.
El sentimentalismo al poder
Posted onmayo 6, 2012
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Si hay una cosa clara en política es que por muy justa, muy necesaria, o muy popular que sea una medida, su adopción siempre, siempre, siempre se topará con el rechazo de un sector –unas veces grande, otras pequeño, y en ocasiones reducido a un único individuo– de la sociedad a la que va destinada. El bien común, cuya búsqueda y procura constituye el objeto del buen gobierno, no es ni puede ser el bien de todos y cada uno de los miembros del cuerpo político, sino el del conjunto de ellos, que no siempre será el de su mayoría, y jamás el de la totalidad. Firmar una paz probablemente alegre a la mayor parte de una sociedad, pero es seguro que incomodará a esa pequeña parte de la misma que se ganaba la vida fabricando armas, del mismo modo que encerrar de por vida a un peligroso delincuente tranquilizará a sus potenciales víctimas, por más que nunca faltará una madre, una novia o una hermana que lamente y condene la decisión.
Toda esta perorata viene a cuento de la cada vez más marcada tendencia de una buena parte de nuestros medios de comunicación a valorar “en primera persona” las consecuencias que las medidas del Gobierno para atajar a la crisis económica están llamadas a desplegar. Me refiero a la comprensible –por sencilla, y por emotiva– pero criticable –por engañosa, y por parcial– práctica de ilustrar la noticia de que el Gobierno va a reducir el gasto sanitario con la imagen de un enfermo crónico abocado a una larga agonía, la de los recortes en investigación con la de un joven científico forzado a marchar al extranjero, o la de la reforma laboral con la de un desempleado ahogándose en un mar de deudas. Situaciones todas ellas reales, dramáticas y dignas de ser tomadas en consideración, pero cuya exposición –a menudo, sobreexposición– brinda una imagen en el mejor de los casos parcial, pero a menudo intencionadamente sesgada, de unas medidas cuyo potencial va a ir mucho más allá, y que en consecuencia deberían ser juzgadas más por sus resultados globales –cuando éstos se hayan producido y sean constatables, naturalmente– que por sus consecuencias para la vida de ciudadanos individuales.
La estrategia no es nada nueva, en todo caso: quienes peinamos canas aun nos acordamos de aquellos tiempos en los que las portadas de nuestros diarios se llenaban con las tristes historias de jóvenes sin recursos, rechazadas por sus familias, y obligadas a abortar en siniestros mataderos clandestinos con grave riesgo de sus vidas; testimonios que clamaban a gritos por la legalización del aborto y frente a los cuales ni los más sólidos argumentos científicos, jurídicos o morales sobre el origen, el valor y la dignidad de la vida alcanzaron siquiera a oirse.
Volvemos, pues, a donde estábamos. A la entronización del sentimentalismo, en detrimento de la razón. Y quien sabe si también de la justicia. Y del bien común.
Una arriesgada combinación
Posted onabril 29, 2012
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Muchos parecen tenerlo claro, y andan ya exigiendo respuestas contundentes, convocando manifestaciones de protesta, y emitiendo comunicados con la misma rapidez con la que otros hacen churros. Por mi parte, les envidio la clarividencia, porque yo, a pesar de mis treinta años en la Universidad, sigo más dominado por la perplejidad que por la indignación, y más lleno de dudas que certezas.
Hablo, naturalmente, del Real Decreto-ley de racionalización del gasto público en el ámbito educativo con el que el pasado 20 de abril nos obsequió el Ministro Wert y cuyas tres patas principales son el aumento de las tasas académicas para los alumnos, el incremento de la carga lectiva para los profesores, y la reducción de carreras y –eventualmente– de las universidades.
En principio, ninguno de estos tres fines me parecen per se criticables. Es bien obvio que en España sobran universidades, que no pocas de ellas fueron creadas por razones políticas que poco tenían que ver con su función social, y que muchas apenas hacen otra cosa que expedir títulos. Es igualmente sabido que la administración invierte ingentes cantidades de dinero en financiar la permanencia en la universidad de estudiantes que solo formalmente son tales, y que en esos casos quizás sería más justo que fueran ellos quienes se pagasen esta suerte de vacaciones de su propio bolsillo. Y aunque no sea tan sabido, no es menos cierto que la carga lectiva de los profesores universitarios constituye una parte relativamente pequeña de su dedicación global, de la que forman también parte sus tareas investigadoras y de gestión… solo que estas últimas ni son controladas, ni son exigidas y –a veces– ni siquera son.
De lo que no estoy tan convencido es de que el efecto combinado de todas estas medidas vaya a ser el deseable. Incrementar el coste de la enseñanza universitaria al tiempo que se reduce la oferta de la misma en un contexto de crisis económica y desempleo galopante difícilmente generará efectos saludables sobre nuestro sistema universitario, uno de cuyos grandes logros es su casi absoluta universalidad. Como tampoco creo que los genere la idea de incrementar las horas de docencia de quienes menos investigan, al tiempo que se premia con una reducción horaria a aquellos que más investigación producen, aunque solo sea porque de esta manera se contribuirá a la disociación entre dos actividades que por fuerza han de ir estrechamente ligadas, a tiempo que se aparta gradualmente de las aulas a quienes –precisamente por su prestigio como investigadores– más tienen que enseñar, sustituyéndoles por quienes menos méritos han sido capaces de acreditar. Menos diversidad, menos calidad, y mayor coste constituye –creo– un cóctel peligroso. Veremos si no acabamos atragantándonos con él.
La gota malaya
Posted onabril 22, 2012
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A lo que parece –y se non è vero, è ben trovato– la gota malaya era un tipo de tortura cuya aplicación requería atar a la víctima hasta inmovilizarle, para luego hacer caer sobre su cabeza, de manera ininterrumpida, una simple gota de agua tras otra. Dado que para que un chorro –y no digamos una gota– de agua acabe por perforar el hueso de un craneo harían falta seguramente y años y años de insistencia en el asunto, y no es de suponer que los malayos tuviesen paciencia para tanto, calculo que el objeto de la tortura debía ser más bien el de hacer enloquecer a la víctima con el ininterrumpido “toc, toc, toc” del agua martilleando sin cesar su cerebro, e impidiéndole descansar, pensar, o abstraerse.
La imagen me ha venido no se por qué a la cabeza al hilo del fervor republicano que –un día sí y otro también, cuando se aproxima el 14 de abril pero también cuando nos acercamos a San Miguel, a San Martín o a la Purísima, los años normales y los bisiestos, cuando hay efemérides que conmemorar y cuando no, tanto en épocas de bonanza como cuando la caja está vacía–, profesa nuestra cinco veces centenaria Universidad de Valencia. Institución que, superado hace mucho el trauma infantil de haber sido fundada por un papa de Roma y un rey de Aragón, inaugurará hoy mismo un ciclo de conciertos y conferencias en torno al exilio republicano, después de haber homenajeado la pasada semana a una seguramente señaladísima pionera del sindicalismo estudiantil republicano, de haber inaugurado días atrás una exposición sobre Manuel Azaña casi simultánea a otra sobre los maquis, de haber reservado los salones del edificio histórico de La Nau para homenajear a La Barraca de García Lorca y para proyectar un filme sobre el hospital de los exiliados republicanos en Toulouse, o de haber incorporado a su catálogo editorial obras tan imprescindibles como “María la Jabalina. Una miliciana en la Columna de Hierro”, “Las mujeres británicas y la Guerra Civil española” o “Memorias de un joven católico de derechas, soldado de la República”.
Por mi parte, nada –o casi nada– diría si el objeto de esta exasperante matraca no fuera otro que el de fijar con rigor los hechos más capitales de este decisivo periodo de nuestro pasado. Pero pecaría de candidez si me pensara que esta patológica obsesión de nuestra Universidad con la Segunda República está ayuna de intencionalidad política y se desarrolla al margen de esa gran mentira de nuestro tiempo que retrata a aquel régimen como una Arcadia de paz y una Atenas de cultura, y a aquel periodo como un punto de luz en un siglo de sombras. Y a mi edad, la verdad es que prefiero incurrir en otro tipo de pecados. O, en su defecto, comulgar con otras cosas que no sean ruedas de molino.
El sueldo de Fabra
Posted onabril 15, 2012
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Si el pasado viernes el Consell hubiera acordado una rebaja generalizada de los sueldos de sus altos cargos y los de sus empresas y fundaciones sin poner por delante más argumento que el bien inteligible de que la caja está vacía, lo habría entendido perfectamente. Y es que si en su día nuestras administraciones hubieran consignado en el frontispicio de cada una de sus sedes esa vieja máxima de nuestra sabiduría popular que dice que «d’on no hi ha, no es pot traure», no estaríamos ahora donde estamos.
Lo que me descoloca, sin embargo, es el argumento de que estas rebajas salariales tienen por objeto asegurarse de que ningún cargo público de la Generalitat vaya a cobrar más que su President. No sé si a Alberto Fabra le resultará simpática la anécdota, pero la primera vez que me topé con una norma semejante fue hace algunos meses con ocasión de un viaje a la Bolivia de Evo Morales, cuando un funcionario de la universidad en la que dictaba un curso me instó a firmar un escrito certificando que mis modestos honorarios no iban a ser superiores a los del señor Presidente. Entre asombrado y divertido, firmé sin más, pero tengo para mi que si en lugar de a un sencillo profesor de provincias el papel se le hubiera puesto delante de la vista –dejen volar su imaginación– a un Zubin Mehta, a un Gunther Grass, a un Bill Gates o a un Leo Messi, éstos hubieran cogido el primer vuelo de vuelta para sus respectivos países …y los honrados ciudadanos de La Paz hubieran tenido que disfrutar de su talento por YouTube.
Y es que parece que a veces nos olvidamos de que vivimos en una economía de mercado en donde los salarios no se determinan tanto por criterios axiológicos –si así fuere, el socorrista de mi piscina deberia cobrar más que el director de mi banco: al fin y al cabo el primero vela por mi vida, y el segundo solo por mis ahorros– sino por la ley de la oferta y la demanda. Un sistema en donde si no todos, sí al menos los más talentosos –y entre esos es donde se supone debería reclutar un presidente a los miembros de su ejecutivo– siempre estarán en condiciones de decirle a su hipotético empleador «Estas son mis condiciones, y si no le gustan, me marcho».
Naturalmente, hay excepciones a esa regla. Sin ir más lejos, la Conferencia Episcopal se lanzó hace poco a la captación de nuevas vocaciones con muy logrado anuncio que se abría dejando claro que la de sacerdote no era una dedicación bien pagada. Claro que, a cambio, ésta garantizaba gozar de un trabajo fijo, formar parte de un proyecto inolvidable, llevar una vida apasionante, y alcanzar una riqueza eterna. Más, creo, que lo que a día de hoy Alberto Fabra está en condiciones de ofrecer a sus altos cargos.
Adios a la Británica
Posted onmarzo 26, 2012
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En un tiempo en el que no hay día que los medios de comunicación no nos den no uno sino mil motivos para llorar, y en el que uno precisa haberse proveído de una dura coraza para enfrentase con garantías a la actualidad informativa cotidiana, resulta a veces difícil que una noticia te llegue a impactar. Y cuando, además, esa noticia resulta ser algo tan aparentemente intrascendente como la desaparición del mercado editorial –sin muertos ni heridos de por medio– de una enciclopedia, uno llega a tener hasta remordimientos de conciencia por haberse conmovido más por la muerte de un libro que por la de cien seres humanos.
Pero –¡caramba!– es que estamos hablando nada menos que de la Enciclopedia Británica, que acaba de anunciar la desaparición de su edición impresa –que se consuele quien quiera sabiendo que seguirá editándose en formato digital– después de nada menos que 244 años de presencia entre nosotros.
Así que no estamos ante el final de una simple iniciativa cultural, sino casi, casi, ante el final de una época. La que discurrió diría yo que entre los setenta y los noventa, justo en aquel momento en el que muchas familias españolas de clase media –la mía una de ellas–, habiendo dejado atrás el fantasma del subdesarrollo, pudieron empezar a plantearse el acceso a la educación y a la cultura no como una quimera sino como una ambición legítima y al alcance de su mano …pero antes, cómo no, de que ese espejismo de innovación e inmediatez que ofrecen las nuevas tecnologías diera con todo ello al traste.
La época en la que en los comedores de tantos y tantos hogares españoles se hubo de apartar la porcelana de la abuela o la estampa del Sagrado Corazón para dejar sitio a aquellas aparatosas enciclopedias de tapas duras y lomos dorados –la Labor, la Planeta, la Argos, la Larousse y, por encima de todas, la Británica y la Espasa– cuya ingenua pretensión de universalidad proporcionó durante décadas a los muchos que se las pudieron permitir la tambien ingenua seguridad de que todo el saber del mundo se hallaba, debidamente ordenado y profusamente ilustrado, literalmente al alcance de su mano.
Peor aún, la desaparición de la Británica ni siquiera servirá para evitar el triste espectáculo de ver cómo esas viejas enciclopedias son arrojadas a un contenedor u ofertadas en cualquier librería de viejo por una ridícula fracción de lo que nuestros padres pagaron –en cómodas mensualidades, eso sí– por ellas. Tan triste como la estúpida suposición de que el saber contenido entre sus páginas ya no nos resulta ni útil ni suficiente, por la simple razón de que en ellas se siga diciendo que Hong Kong es una colonia británica situada en el sureste de China o que Uzbekistán es una república de la Unión Soviética.
La Pepa: entre el mito y la realidad
Posted onmarzo 17, 2012
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Cualquiera que se halle familiarizado con la convulsa, frustrante y escasamente ejemplar historia de nuestro constitucionalismo, y más todavía si también lo está con la intermitente, limitadísima y siempre contestada vida de nuestra Constitución de 1812, se habrá sorprendido de la sospechosa unanimidad con la que nos encontramos celebrando la efeméride del bicentenario –tal día como hoy– de su aprobación en Cádiz.
Poco habría que objetar si esta unanimidad fuera el resultado de una prudente puesta en perspectiva de la primera de nuestras constituciones, encaminada a convertir en simple materia prima para historiadores y constitucionalistas a esa a la que Fernández Segado calificó como “piedra de escándalo, razón de sacrificios y pretexto de vilezas, punto de referencia para varias generaciones de españoles para fijar sus amores o sus odios”. Pero en un país en donde algunos todavía hacen bandera de los huesos de sus abuelos a la hora de salir a manifestarse a las calles, no estoy seguro de que sea por ahí por donde van los tiros.
Tampoco sería objetable que esta unanimidad derivase de la eficaz cicatrización de las muchas y profundas heridas que esta Constitución dejó en el cuerpo político de España. Pero sucede que doscientos años después de aquel 19 de marzo de 1812 los españoles seguimos peleándonos por el lugar que a la Iglesia le corresponde jugar en nuestra vida política y social, por el papel de la corona, por el modo en el que deberían elegirse nuestros representantes o por la función de las Cortes –en suma, por todo, o casi todo, por lo en su día se enfrentaron liberales y realistas.
De modo que uno no puede sino sospechar que este sorprendente fervor doceañista obedezca más bien al inequívoco –aunque quiero creer que bienintencionado– intento de mitificación de la Constitución de Cádiz que desde hace meses han puesto en marcha la práctica totalidad de las instituciones implicadas en la efeméride, que han sido –créanme– numerosas y de todos los colores políticos. Mitificación de la que apenas constituyen excepción algunas aisladas iniciativas encaminadas bien a llevar a cabo una nueva disección de la obra de las Cortes de Cádiz, bien a darla a conocer al gran público, y que –cuando menos en nuestra Comunidad– se han articulado a través de sendas exposiciones en la Biblioteca Valenciana y en el centro del Carmen que nadie debería perderse.
Aunque sea al precio amargarse la mañana enterándose de que los valencianos apenas pintamos nada en Cádiz, y de que por el contrario fuimos los primeros y más entusiasta aduladores de ese indeseable botarate llamado Fernando VII.
La osadía de Gallardón
Posted onmarzo 10, 2012
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Durante años, Alberto Ruiz Gallardón ha sido algo así como el hijo adoptivo –abducido, más bien– tanto de la izquierda española, como de algún diario madrileño que en un determinado momento de nuestro pasado reciente se creyó llamado a ejercer de líder de la oposición. El tipo al que toda la progresía de nuestro país se refería inmediatamente después de haber puesto a caldo a la cúpula dirigente del Partido Popular en pleno para, tras exhalar un suspiro de alivio más falso que un beso de Judas, congratularse de que en esa cueva de oscurantistas quedase a menos un hombre tan brillante, dinámico, y –sobre todo– centrado como Ruiz Gallardón. En suma, el líder que todos los enemigos del Partido Popular habrían querido ver al frente del Partido Popular.
Pero héte aquí que han bastado un par de declaraciones del recién nombrado Ministro de Justicia en torno al aborto y la maternidad, para que los piropos se convirtiesen en críticas, y para que el niñito mimado de la izquierda española fuera expeditivamente expulsado del olimpo de la progresía rumbo a la caverna de la reacción de la que nunca debió haber salido.
¿Y qué es lo que ha dicho Gallardón? Pues algo tan obvio como que la actual legislación sobre el aborto está esencialmente errada, y que en este país existe una cultura de desvalorización de la maternidad que es preciso desterrar. Entre otras cosas, porque ni la una ni la otra contienen la más mínima pizca de progresismo. En suma: anatema, elevado al cuadrado.
Lo que sucede es que Gallardón tiene toda la razón del mundo. En España la maternidad lleva muchas décadas no solo estando legamente desprotegida, sino siendo socialmente desvalorizada. Lo es cada vez cada vez que se proyecta la idea de que una mujer triunfadora es aquella que llega hasta lo más alto de su empresa, pero no la que convierte a sus hijos en personas de provecho; cada vez que la tan manida “conciliación” se entiende como la manera de afrontar la maternidad sin que el trabajo se vea afectado, y no como el modo de trabajar sin que la maternidad se interrumpa, se postponga o se olvide; cada vez que se permite que un niño se eduque con dos padres pero sin una madre; y cada vez –en fin– que el aborto nos es presentado como la solución más rápida y barata para un embarazo no planificado.
Que Gallardón se haya tenido la osadía de decir en voz alta alguna de estas cosas, y de dar a entender algunas otras, constituye sin duda un gesto que toca apoyar con tanta vehemencia como la que sus antiguos palmeros han empleado a la hora de lapidarle. Aunque, eso sí, con toda la prudencia que corresponde cuando todavía queda un largo trecho para que las buenas intenciones se conviertan en reformas legislativas.
A vueltas con el derecho de reunión
Posted onmarzo 3, 2012
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Me habrán de perdonar que me ponga profesoral siquiera por un instante, pero creo que tanto el tema –el derecho de manifestación– como, sobre todo, la ocasión –ésta en la que no hay día en las que las calles de nuestra ciudad no sean tomadas por uno u otro tipo de protestas– lo requieren.
Es bien sabido que la celebración de manifestaciones en lugares públicos constituye una manifestación de la libertad de expresión –así la caracterizó nuestro Tribunal Constitucional en su Sentencia de 28.04.1988– de carácter colectivo y transitorio, que goza de la especial protección que le brinda el art. 21 de nuestra ley fundamental. Como también lo es que su realización no precisa de autorización previa, y que solo podrán ser prohibidas por la autoridad competente “cuando existan razones fundadas de alteración del orden público, con peligro para personas o bienes”. Es más: existe ya una nutrida jurisprudencia que, por un lado, ratifica que es responsabilidad de los poderes públicos garantizar el libre y pacífico ejercicio de este derecho por los ciudadanos; y por otra asegura el eficaz cumplimiento de su objetivo de contribuir a la conformación de la opinión pública al sostener que los poderes públicos estarían violando los derechos de los manifestantes si pretendiesen limitar sus concentraciones a horarios extravagantes o lugares aislados. En suma: manifestarse pacíficamente al objeto de llamar la atención de la opinión pública sobre un problema o una reivindicación constituye un derecho constitucional ejercitable sin otros límites que el respeto al orden público y a los derechos ajenos.
Ahora bien: lo que carece en absoluto de cualquier amparo constitucional –y hasta me atrevería a decir, de cualquier asidero en el sentido común– es la pretensión de que las manifestaciones callejeras hallan forzosamente de tener como consecuencia un cambio político o normativo, sea éste la dimisión de una delegada del Gobierno, o la derogación de un decreto. Por masivas, frecuentes o ruidosas que puedan llegar a ser, las manifestaciones callejeras no pueden ni deben sustituir a las instituciones democráticas, ni convertirse en el impulso que guíe sus decisiones, por la sencilla razón de que en una democracia bien ordenada la soberanía no reside sino en el pueblo todo –lo que incluye tanto a los que toman las calles como a los que deciden irse esa tarde al cine– y el impulso político no se canaliza sino a través de su participación electoral. Manifestarse es, sí, un derecho constitucional; pero la pretensión, aireada hasta la saciedad en estas últimas semanas, de seguir haciéndolo “hasta que nos hagan caso” constituye, bajo su apariencia de saludable ejercicio de la crítica política, un inaceptable cuestionamiento de la democracia y al Estado de Derecho. Democracia y al Estado de Derecho que al tiempo que garantizan y protegen el derecho a pedir, fijan con claridad las vías para pasar de la pancarta a la ley.
#primaveravalenciana
Posted onfebrero 26, 2012
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En mis tiempos mozos –esto es: en aquellos lejanos ochenta en los que los policías habían dejado de ser los “grises” de Franco para convertirse en los “maderos” de Felipe– cuando uno salía a la calle a manifestarse procuraba venirse llorado de casa; asumía que si iba a cortar una calle, a decorar con spray la fachada del Ayuntamiento, y a mentarle la madre al antidisturbios de turno lo más probable es que terminara caliente; y desde luego no volvía a casita con un ataque de ansiedad para que papá y mamá le consolaran diciendo “tranquilo, cielo, que mañana vamos contigo a la manifa”. Y, créanme, no es porque entonces la policía repartiese candela con más miramientos que ahora: de hecho, creo que en aquellos días ni siquiera se había llegado a acuñar ese concepto tan ambivalente de “exceso policial”, siquiera fuera porque lejos de constituír un “exceso”, repartir de lo lindo era precisamente la razón de ser de los antidisturbios.
Ahora, y a juzgar por lo que se ha visto esta semana en Valencia, lo que uno se trae de casa antes de salir de manifestación es el registro del dominio web en donde a la mañana siguiente colgará las fotos del evento –ya se sabe: manifestantes de rostro angelical con las manos abiertas o blandiendo inocentes libros de filosofía ilustrada, frente a polis malencarados disfrazados de Darth Vader–; el hashtag que tocará convertir en trending topic del día; y, naturalmente, el movil desde donde tuitear a los amigos cómo va pintando la cosa. Y cuando uno retorna al calor del hogar, no es para lamerse las magulladuras o felicitarse por haber corrido más que los de la porra, sino para contarle a mamá diputada –recuérdese la frase, no se si metafórica o no, de la nueva portavoz socialista en el Congreso: “no son los enemigos, son nuestros hijos”– todo lo que ha sucedido, para que a su vez ésta pueda montarle una a la delegada del gobierno en la primera ocasión que se preste.
Para eso… y también para cambiar rápidamente de eslogan. Porque no me negarán que por mucha capacidad de convocatoria que pueda tener una manifestación contra los recortes en educación, en sanidad, o en donde sea, nada une más que una buena protesta contra la brutalidad policial. Ahí está, sin ir más lejos, la curiosa actitud de la Universidad de Valencia, recortando servicios e incrementando tasas como la que más, pero poniendose la primera tras la pancarta cuando se ha tratado de protestar por la actuación “desmedida” de la policía. Y es que en tiempos de crisis y cambio, no hay nada como la tranquilidad de espíritu que proporcionan esas pocas verdades que nunca nos fallarán: como la de que un estudiante con un libro es bueno, y un poli con una porra, malo.
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